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10.06.2020 Artículos

Más de 70 diputados piden investigar en el Congreso de España las "presuntas ilegalidades" del emérito desde su abdicación, como la Fiscalía del Supremo

Unidas Podemos se suma al resto de grupos que reclamaron una comisión de investigación parlamentaria a Juan Carlos de Borbón. Van a registrar una nueva propuesta de creación de este foro, acogiéndose al criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo: si desde junio de 2014 ya no era rey, no era involable, y está por tanto sujeto a investigación penal y política.

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Hasta 73 diputados de distintos grupos parlamentarios se han aliado para estrechar el cerco en torno a las finanzas del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y para exigir una nueva comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, esta vez acotada al criterio adoptado por la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar al padre del jefe del Estado.

Público ha accedido al texto que presentarán próximamente las mismas fuerzas que ya han registrado una comisión de investigación en las últimas horas -ERC, PNV, JxCat, Bildu, la CUP, Más País, Compromís y BNG-, a las que se ha unido Unidas Podemos. La diferencia es que esta nueva propuesta de creación acota esta investigación del mismo modo en que lo ha hecho la Fiscalía, esto es, refiriéndose únicamente a las "presuntas ilegalidades o irregularidades" cometidas por Juan Carlos de Borbón desde su abdicación, cuando dejó de ser inviolable.

"La Comisión limitará sus trabajos a hechos acaecidos con posterioridad a la abdicación de Juan Carlos de Borbón, de modo que no sea de aplicación el artículo 56.3 CE sobre la inviolabilidad", reza el texto. "Tendrá por objeto investigar las presuntas ilegalidades o irregularidades cometidas por el ex Jefe de Estado, Don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias con posterioridad a junio de 2014", abunda.

Esta limitación persigue sortear el veto que, hasta la fecha, ha dictado la Mesa del Congreso sobre estas comisiones, amparándose en informes jurídicos no vinculantes de los letrados de la cámara.

Este diario avanzó el martes que fuentes jurídicas de la cámara aseguran que, dada la interpretación de la Fiscalía, y acotada la investigación a junio de 2014, no existen elementos para rechazarla en esta ocasión: "Es de interés público y la inviolabilidad no afecta a actos que tengan efectos más allá de la abdicación", explicaron.

La propuesta de creación contempla la creación de esta comisión "antes de 30 días desde su aprobación en el Pleno" -para lo que sería necesario el acuerdo del PSOE en la Mesa y en el Pleno, algo que se antoja más que difícil hoy- para desarrollar sus trabajos durante seis meses, que podrá ser prorrogable. "En ese plazo, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados, para su aprobación, el dictamen en el que figuren sus conclusiones y los eventuales votos particulares al mismo", apunta el texto.

Los puntos a investigar
"La comisión tendrá por objeto investigar las presuntas ilegalidades o irregularidades cometidas por el ex Jefe de Estado, Don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias con posterioridad a junio de 2014, en relación con hechos vinculados a relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí u otros que se pusieran de manifiesto, en concreto:

1. La existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí o en terceros países y su relación con el ex Jefe de Estado.

2. Las presuntas cuentas irregulares del ex Jefe de Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceros, así como el origen y el destino del capital depositado en las mismas.

3. La actividad de promoción internacional de Arabia Saudí en España y su relación con el ex Jefe de Estado.

4. La posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí y el ex Jefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí.

5. El grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del ex Jefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las mismas.

6. Los movimientos de capital, lícitos o ilícitos, relacionados con los hechos investigados."



Fuente: Diario Público

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