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24.05.2019 Artículos

La mano sucia de Chevron

En 1993 las comunidades indígenas demandaron a la compañía petrolera por daños ambientales en su territorio. Todas las instancias judiciales ecuatorianas fallaron a favor de los pobladores pero la transnacional se amparó en los Tratados Bilaterales de Inversión firmados en tiempos neoliberales y obtuvo sentencia favorable en La Haya.

La mano sucia de Chevron querella argentina

Por Mariano Vázquez | Entre 1990 y 2002, Ecuador suscribió 28 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Estos convenios leoninos fueron concebidos en plena noche neoliberal para beneficiar a empresas transnacionales y perjudicar los intereses populares. La clave: que cualquier litigio entre un Estado y una compañía extranjera se terminara dirimiendo en la arena internacional y no ante la justicia local.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington muy activa en la defensa de los capitales multinacionales, fue el escenario del escarnio para los débiles gobiernos del tercer mundo. Los “acuerdos” del estilo TBI siempre persiguieron maniatar el rol de contralor estatal violentando las leyes nacionales y las propias constituciones.

El 7 de septiembre de 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Chevron y declaró a Ecuador “como responsable de haber violado el TBI” y no brindar a la petrolera “un trato justo y equitativo”.

Durante su presidencia, y cinco años antes del fallo, Rafael Correa, acusó al gigante petrolero de haber derramado “18.000 millones de litros de agua con petróleo”, y en una recorrida por las zonas infectadas sostuvo que “se han identificado más de 1.000 piscinas contaminantes en la Amazonía ecuatoriana. Lo que causó Chevron en nuestra selva es 85 veces peor que lo que hizo la British Petroleum, en el Golfo de México (2010), y 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en Alaska (1989)”.

El 6 de mayo 2013, Correa firmó el Decreto Ejecutivo 1506 que estableció la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA). Cuatro años después, esta entidad emitía un informe completo. Uno de sus conclusiones fue la siguiente:

“El caso más grave es Chevron. La ex compañía Texaco, adquirida por Chevron, procedió con irresponsabilidad e irrespeto, con tecnologías anticuadas, provocando derrames de más de 26,000 barriles de crudo hacia importantes ríos: Aguarico, Quijos y Shiripuno, y a numerosos esteros, también vertió? 18,000 galones de agua de formación, más tóxica que el mismo crudo, provocando todo ello la muerte de peces, ganado y animales salvajes. Texaco abrió 916 piscinas, cuyas filtraciones han causado la toxicidad de tierras y la contaminación del agua y del aire. En comunicación escrita entre ejecutivos de la empresa, se dispone que los derrames serán informados sólo cuando “atraigan la atención de la prensa y/o de las autoridades regulatorias. Por el alto nivel de contaminación, la salud de la población se vio muy afectada. En una encuesta realizada a 1064 familias se encontraron 306 casos de cáncer, pero se presume un daño mayor, en vista de que no se registraba esta causa de muerte, por desconocimiento de la enfermedad”.

#AntiChevron
La vergonzante defensa de Chevron —de origen estadounidense y una de las petroleras que más factura en el mundo— por parte de los árbitros internacionales, que además, exigen al Ecuador el pago de una indemnización multimillonaria, ha derivado en una jornada de acción global que se desarrollará este martes 21.

La convocatoria sostiene que “el caso Chevron en la Amazonía ecuatoriana es paradigmático en la lucha contra la impunidad corporativa”, que además se relaciona “con la lucha contra el sistema de arbitraje ISDS (el arbitraje de diferencias Estado-inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-state dispute settlement), y a favor del Tratado Vinculante de la ONU para las Empresas Transnacionales en materia de derechos humanos, así como por la Justicia Climática”

La campaña global #AntiChevron —que reúne a 280 organizaciones en todo el mundo—reivindica “la soberanía de los pueblos” y el desmantelamiento “del Poder Corporativo” para terminar con su “impunidad”.

Esta jornada incluye varias acciones: firmar la carta publicada en el sitio texaco.net y entregarla a la embajada o consulado de Ecuador del país de residencia; tomar una foto para difundir en las redes sociales con las etiquetas #AntiChevron #StopISDS #BindingTreaty; y enviar una carta a Lenin Moreno, presidente del Ecuador

La misiva al mandatario denuncia que el fallo a favor de Chevrón “constituye la prueba fehaciente de cómo funciona la arquitectura destinada a asegurar la impunidad de las empresas transnacionales en todo el planeta. Después de 25 años de juicio, la sentencia que obliga a Chevron (antes Texaco) a pagar 9.500 millones de dólares destinados a la reparación del desastre ambiental, a pesar de haber sido ratificada en todas las instancias judiciales de Ecuador, no ha sido ejecutada. Para evitar su cumplimiento, Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Ante ello, los/as afectadxs tuvieron que recurrir a cortes extranjeras (en Argentina, Brasil y Canadá) para homologar y ejecutar la sentencia, sin éxito hasta ahora. Mientras tanto, decenas de miles de afectadxs continúan sufriendo serios impactos en la salud. La tasa de cáncer en el área contaminada representa hasta 8 a 10 veces el promedio nacional. En el suelo, continúan las más de 880 fosas llenas de crudo que dejó Texaco, los ríos siguen llenos de sedimentos de hidrocarburos y contaminados por los derrames de crudo en la Amazonia, una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo. Desde hace más de 40 años estos impactos no han sido adecuadamente remediados. El crimen corporativo continúa”.

Por el contrario, en 2009, Chevron demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, activando el mecanismo ISDS. “La petrolera pidió, además de una compensación económica, que la Corte interfiriera en el propio sistema ecuatoriano de justicia. En agosto de 2018, el panel de arbitraje falló en favor de Chevron, condenando a Ecuador a pagar una suma aún desconocida a la transnacional. Y además ordenó al Gobierno ecuatoriano que evite que se ejecute la sentencia de las cortes ecuatorianas. Estas disposiciones son inconstitucionales e inaplicables en Ecuador. En caso de aplicar el Gobierno este laudo arbitral, estaría violando su propia constitución, anulando los derechos de las 30.000 personas afectadas y favoreciendo abiertamente los intereses de Chevron. Esta decisión establecería por tanto un peligroso precedente a nivel internacional que podría incitar a otros tribunales de arbitraje similares a situarse por encima de las cortes nacionales de justicia, socavando los fundamentos del Estado de derecho”, reza otro de los párrafos de la carta a Moreno.

Asimismo, le recuerdan que “es obligación de todos los Estados proteger los derechos humanos de sus poblaciones ante las violaciones cometidas por terceros”, por eso le instan “a no ceder a la presión del gobierno de los Estados Unidos ni de Chevron y dar supremacía a los derechos de ecuatorianas y ecuatorianos, en línea con la Constitución de Ecuador”.

Fuente:www.canalabierto.com.ar

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