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09.05.2019 Artículos

El pasado franquista del "camarada Fraga" le pasa factura en su Galicia natal

A Coruña aprobó el lunes una moción para retirar al exministro franquista y expresidente de la Xunta el título de hijo adoptivo que le fue entregado durante la dictadura. Ferrol hizo lo mismo hace apenas una semana.

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Se le atribuye al dramaturgo, escritor y presidente en el exilio de la Alianza de Intelectuales Antifascistas José Bergamín la siguiente frase: "En mi vida he visto mucha gente con fama de fascista o que quería profesar el fascismo, pero sólo he conocido dos de verdad: uno fue José Calvo Sotelo, la otra es Manuel Fraga". La afirmación de Bergamín, además de en su propia experiencia de vida con dos exilios a sus espaldas, estaba basada en un hecho concreto: Fraga se había afiliado a Falange en 1937, en plena Guerra Civil. "Era lo más interesante en aquel momento", dijo él mismo. Años más tarde, en 1961, un decreto publicado en el BOE, con la firma del dictador, agradecía al "camarada Fraga los servicios prestados" como Delegado Nacional de Asociaciones de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Poco después, el 10 de julio de 1962, sería nombrado ministro de Información y Turismo de la dictadura.

Estos fueron los inicios políticos del que mucho más tarde, ya en democracia, sería conocido como "Don Manuel" , sería coronado como uno de los "padres" de la Constitución de 1978 y conseguiría presidir su Galicia natal durante cuatro legislaturas consecutivas. De hecho, desde el año 2013, el Senado aún exhibe un busto con la cabeza de Manuel Fraga, donde decían que cabía el Estado entero. Pero en política ningún honor es eterno. Tampoco para Manuel Fraga. El Ayuntamiento de Ferrol aprobó la semana pasada retirar el título honorífico de "hijo adoptivo" de la ciudad, que había sido otorgado en 1965 en plena dictadura franquista. A Coruña también aprobó una moción en este sentido para retirarle los honores tanto a él como al exministro López Rodó. En las dos ocasiones, los únicos votos en contra fueron los del Partido Popular, que alegó el papel de Fraga durante la Transición como "padre" de la Constitución.

Los partidos que han votado a favor de retirar estas distinciones a Manuel Fraga han matizado que la retirada obedece al estricto cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica ya que estas distinciones le fueron entregadas en la década de los 60 y los méritos de Manuel Fraga por aquel entonces se reducían a su papel de ministro en la dictadura franquista, de los que nunca ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento. Tampoco de los horrores desplegados por los franquistas ni durante la Guerra Civil ni durante la dictadura. "El franquismo ha sentado las bases para una España con más orden", decía Don Manuel, allá por 2007.
"La decisión de retirar los títulos a Fraga y Rodó se enmarca dentro una política de recuperación de la Memoria Histórica mucho más amplia de este Ayuntamiento. Es una petición que nos llega de la ciudadanía y que para nosotros tiene una fácil resolución. Ser ministro de Franco no puede ser una honra ni merece una distinción por parte del Ayuntamiento. Nosotros no entramos a valorar el papel de Fraga durante la democracia con esta decisión. Lo que hacemos es retirar una distinción que se otorgó en el franquismo. Si el Partido Popular quiere honrar a Fraga puede presentar otra moción en la que se explique su papel en la democracia, pero es difícilmente defendible su participación activa en la dictadura de Franco", explica a Público el concejal de José Manuel Sande, concejal de Cultura, deporte y conocimiento del Ayuntamiento de A Coruña.

No obstante, Sande reconoce que lo aprobado en A Coruña hasta hoy es solamente una moción sin efectos prácticos. Ahora, según el procedimiento, es el alcalde el que debe presentar una propuesta de revocación de estos honores acompañado de un expediente que argumente debidamente la decisión. La pregunta del millón es si dará tiempo a realizar este proceso antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. "Va justito de tiempo, pero por fechas creo que podemos llegar", dice el concejal.

Los impulsores de estas mociones son un colectivo de expresos y expresas de la dictadura franquista cuya cabeza visible son Manuel Monge y Nicanor Acosta. Fueron presentadas en ambos ayuntamientos por el BNG, y para ser aprobadas contaron con los votos a favor de Ferrol en Común, que gobierna Ferrol; Marea Atlántica, que hace lo propio en A Coruña; y los votos en sendos ayuntamientos de PSOE y BNG.

"La moción que hemos conseguido aprobar es muy interesante. Por una parte, da cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. Por otra, es una respuesta al resurgir de la extrema derecha en el país. Una manera de decir que hay que tener tolerancia cero con el franquismo. En este sentido, el avance de Vox ha sido un impulso para avanzar en políticas antifranquistas", explica Monge, que estuvo en prisión en dos ocasiones durante la dictadura por su activismo por la democracia, a Público.

La lucha de Manuel Monge por arrebatar los honores a Fraga viene de lejos. Él era presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña que en 2008 promovió la campaña "Tolerancia cero co franquismo" para retirar honores a distinguidos franquistas como el que fuera presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. En 2009, el Pleno de A Coruña retiraba de una tacada los títulos a ocho ministros de la dictadura. Pero Manuel Fraga, aún con vida en aquel entonces, salió indemne. Más de diez años después, Monge y el resto de luchadores por la democracia han conseguido su objetivo: A Coruña y Ferrol ya no rendirán honores a Fraga Iribarne.

No obstante, Monge reconoce que aún queda mucha labor pendiente. El exministro franquista y fundador de Alianza Popular, que después se refundaría en el Partido Popular, aún conserva sus títulos honoríficos en la provincia de A Coruña (1965); en la ciudad de Santiago (1965); Cedeira (1967); Verín (1964); Tui (1968); Cervo (1964); y en su Vilalba natal (1949). "La lucha por la Memoria es una lucha de fondo. Hace 15 años parecíamos unos locos cuando pedíamos que el Pazo de Meirás debía ser devuelto a la ciudadanía sin coste alguno y hace menos de un año el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una iniciativa en la que instaba al Gobierno central a actuar para que el inmueble se incorporara al patrimonio público", prosigue Monge.

La cuestión de fondo, insiste Monge, es si un Ayuntamiento debe rendir homenaje un hombre como Fraga que se sentó desde 1962 a 1969 en el Consejo de Ministros de Franco. Años en los que el régimen reprimió con una violencia despiadada las huelgas mineras en Asturias; también las revueltas estudiantiles en las universidades de Madrid y Barcelona; se negó el regreso de Luis Cernuda a España para acudir al funeral de su madre; se creó el Tribunal de Orden Público, clave en la represión a trabajadores y activistas políticos; se purgó de sus cátedras en la Universidad a intelectuales como Enrique Tierno Galván y Luis López Aranguren; y se detuvo a Marcelino Camacho, dirigente de CCOO; entre otras muchas acciones represivas.


Grimau, la primera víctima de Fraga

El asesinato de Grimau provocó una oleada de solidaridad en el exterior con la lucha antifranquista
Pero no sólo esto. En la madrugada del 20 de abril de 1963 el régimen fusiló al dirigente comunista Julián Grimau. Fue condenado por un delito de “rebelión militar continuada” y fusilado en menos de 72 horas. Jueves por la mañana, Consejo de Guerra; viernes, Consejo de Ministros, donde se sentó Fraga, y no-conmutación; sábado en la madrugada, ejecución. “Fue ejecutado a las cinco de la madrugada, ante los faros de unas camionetas. Los reclutas del pelotón de fusilamiento estaban muy nerviosos. Dispararon 27 balas, pero el oficial al mando tuvo que rematarle con tres tiros de gracia. Nunca lo olvidaré', explicó a Público el abogado defensor de Grimau Alejandro Rebollo.

El historiador Antonio Ortiz también dio detalles a Público en el reportaje Grimau, la primera víctima de Fraga sobre el papel del entonces ministro de Información en este asesinato de Estado: "Fraga diseñó una campaña de propaganda bestial para convencer a los españoles. De hecho, se entregaba un folleto explicativo sobre las acusaciones de Grimau a todas las personas que entraban y salían de España”. El propio Fraga, en rueda de prensa, se referiría a Grimau como “ese caballerete”.

Apenas unos meses después, en el verano de 1963, también con Fraga sentado en el Consejo de Ministros de Franco, serían asesinados a garrote vil los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado. Y en1969 el régimen acabaría con la vida de Enrique Ruano. Era un estudiante de Derecho de 21 años. Tras la muerte de Fraga, el periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es y entonces columnista de Público, describía el papel del entonces Ministro de Información del régimen en este caso: "Según la versión del régimen, Ruano se suicidó lanzándose por una ventana. Según quedó claro hace unos años, Ruano fue torturado durante cuatro días y después ejecutado de un disparo; de su cadáver se serró el hueso de la clavícula para esconder el agujero de una bala. Fue Fraga, ministro de Información, quien se ocupó de filtrar al ABC una carta de la víctima que lo presentaba como un suicida. Fue también el mismo Fraga quien llamó al padre de Ruano para recordarle que tenía otra hija, para amenazarle, para decirle que se callara.

Manuel Fraga sería cesado como ministro en 1969 tras el conocido como caso Matesa. Pero lo suyo era simplemente un 'hasta luego'. Regresó al Consejo de Ministros con el último Gobierno de Carlos Arias Navarro como vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación entre diciembre de 1975 y julio de 1976. Durante esta etapa fue cuando pronunció aquella célebre frase de "la calle es mía" para oponerse a las movilizaciones que sindicatos y trabajadores preparaban para el 1 de mayo de 1976, el primero sin Franco tras 40 años de dictadura.

Asimismo, en esta segunda etapa en el Gobierno, también se produjo la matanza de Vitoria, en la que la Policía asesinó a cinco obreros en esta ciudad con motivo de una huelga general, motivos por los que el exministro Rodolfo Martín Villa tiene que declarar en Argentina en la única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo; y los conocidos como sucesos de Montejurra, en los que un grupo de mercenarios con vínculos más que importantes con el Estado atacaron a los seguidores de Carlos Hugo Borbón-Parma, que aspiraba a la Corona española y defendía el federalismo progresista.


Fuente: Público.es

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