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23.11.2017 Artículos

Casi 500 migrantes son recluidos en una cárcel sin agua potable, teléfono ni equipos de asistencia

Un total de 497 migrantes argelinos llegados este fin de semana a las costas de Murcia se encuentran privados de libertad en el Centro Penitenciario Málaga II, convertido de manera exprés en un CIE de dudosa legalidad.

Casi 500 migrantes son recluidos en una cárcel sin agua potable, teléfono ni equipos de asistencia querella argentina

La improvisada conversión de la malagueña cárcel de Archidona en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional para recluir a casi 500 migrantes de origen argelino pone de relieve la situación de desatención que sufren quienes llegan a las costas españolas tras una traumática travesía por el Mediterráneo.

Desde este lunes, un total de 497 migrantes procedentes de Argelia están recluidos en el Centro Penitenciario Málaga II, un recinto cuya apertura estaba prevista para el próximo mes de enero. La precipitada utilización de este centro para fines ajenos a su propósito inicial deja a los migrantes en una situación de notoria desprotección. Ni disponen ni de infraestructuras adecuadas para su estancia ni de asistencia para atender su situación legal.

“Al centro todavía le faltan cosas para que esté terminado por completo. No hay agua potable, están teniendo que utilizar agua embotellada y, por ejemplo, tampoco hay línea telefónica”, explica Arantxa Triguero, abogada y presidenta de la asociación Málaga Acoge, que este lunes visitó el centro para ofrecer asistencia legal a los migrantes.

A los problemas con el agua y las comunicaciones se suma que no hay un servicio de cocina capaz de atender a las 500 personas que ahora habitan en el centro, por lo que el Ministerio del Interior está supliendo esa situación con el reparto de raciones traídas de fuera.

Más allá de los problemas logísticos, la consecuencia más grave de la conversión exprés de la cárcel en un CIE es la falta de personal capaz de ofrecer asistencia legal. La normativa que regula la actividad de los CIE establece que la Administración General del Estado debe poner a disposición de los internos trabajadores que les asistan a lo largo del proceso de resolución de sus expedientes. Sin embargo, este trabajo de apoyo –que será asumido por Cruz Roja– no se está realizando y no llegará como mínimo hasta el próximo lunes.

“Para la semana que viene ya tendremos un equipo con trabajadores sociales, mediadores y monitores para ofrecer ese apoyo”, explica un portavoz de la Cruz Roja de Málaga. Hasta la fecha, la única asistencia ofrecida por Interior a los migrantes tiene que ver con la presencia de traductores, que sí trabajan con normalidad en el centro. “Cuando nosotros llegamos allí no había trabajadores sociales de ningún tipo”, constata Triguero.

El despliegue sanitario en el recinto también bastante precario, aunque se espera la pronta llegada de refuerzos también por parte de Cruz Roja, que ya tiene un equipo de cuatro personas en Archidona, aunque sólo para atender situaciones extraordinarias. Este equipo se suma a dos médicos y dos ATS puestos por Interior.
Interior.

“Es una cárcel que no funciona como cárcel”
La decisión de desplazar a estas personas a un recinto penitenciario reconvertido en CIE provisional adoptada por hasta siete jueces murcianos y andaluces a petición de la Brigada Provincial de Extranjería.

De acuerdo con el reglamento que rige los CIE, estos centros son “establecimientos públicos de carácter no penitenciario” dedicados a la custodia preventiva de personas extranjeras pendientes de la sustanciación de sus expedientes administrativos.

Sin embargo, el Ministerio del Interior avaló el envío de estas personas a un centro penitenciario como medida excepcional, argumentando que los CIE están desbordados y esta salida es la mejor para ofrecer acomodo a los migrantes. Para adoptar esa decisión, el Ministerio de Interior se escuda en una Directiva europea según la cual se pueden utilizar las cárceles como CIE siempre que haya separación con los presos comunes.

Esa situación se cumple porque el recinto aún no se inauguró, circunstancia que Interior utiliza para hacer piruetas dialécticas y evitar referirse al Centro Penitenciario Málaga II como una cárcel, pese a que el BOE no deja dudas al respecto y a que ese es uno de los requisitos que la Directiva establece para su uso como CIE. “Todavía no es propiamente una cárcel. El recinto es una cárcel pero no funciona como cárcel, ya que no se ha inaugurado; no ha tenido uso penitenciario ni lo tendrá mientras esté designado de forma temporal como Centro de Internamiento de Extranjeros”, relatan fuentes del departamento ministerial.


"Esto no es legal"

En opinión de Elisa García España, profesora de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Málaga –e integrante del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración– el ingreso de los casi 500 migrantes en Archidona vulnera la legalidad por mucho que Interior se escude en la legislación comunitaria.

“Esto no es legal, por mucha Directiva que lo diga. Nuestra ley y nuestro reglamento dicen claramente que estos recintos no pueden tener carácter penitenciario; y no se puede negar que una cárcel tiene carácter penitenciario”, apunta.

Esta jurista recuerda que hace tres décadas el Tribunal Constitucional condicionó la privación de libertad de los extranjeros en situación irregular a que los recintos no tuvieran carácter penitenciario. “Es decir, el Constitucional acordó permitir la privación de libertad en casos en los que no hay delito –algo contrario a la Carta Magna– siempre que se dieran esas condiciones, que no se dan en este caso”.


Migrantes tratados como presos

Arantxa Triguero no tiene dudas de que el trato dispensado a los migrantes es propio de un centro penitenciario. Durante su visita del lunes, sus encuentros con los internos tuvieron que realizarse a través de un cristal que le separaba físicamente de ellos. “La entrevista fue a través de una mampara, cosa que el decreto que regula los CIE prohíbe”. Según explica, este trato es habitual en personas privadas de libertad por haber cometido un delito, pero no cuando se trata de migrantes pendientes de la resolución de una situación de irregularidad administrativa.

Los abogados solicitaron poder realizar la reunión en una sala sin separación física, como es habitual en los CIE, pero se les negó esa posibilidad. “Al fin y al cabo es una cárcel”, reflexiona Triguero, que atribuye el agravio a la situación creada por el Ministerio del Interior y no a los agentes de la Policía Nacional desplazados a Archidona, cuyo trato califica de correcto a pesar de las circunstancias.

“No se puede justificar, aunque sea de forma excepcional o temporal, que se traslade a personas que no han cometido ningún delito a un centro creado y concebido como cárcel, que es lo que perciben las personas que se encuentran allí”, añade la activista.

En opinión de Elisa García, el trato dispensado a los migrantes tras vivir una “traumática travesía” por el Mediterráneo es un reflejo de las carencias españolas y europeas en materia de acogida.

“Esto es todo un despropósito se mire como se mire. Estas personas deben ser atendidas, no tratadas como delincuentes. Es inhumano lo que se hace con ellos”, lamenta antes de dirigir su mirada al origen del problema, que a su modo de ver se encuentra en el blindaje fronterizo de Europa. “Si no hay forma legal para entrar, la alternativa siempre va a ser intentarlo de forma irregular”, sentencia.

Por su parte Carlos Arce, responsable del área de inmigración en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), destaca la responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy, que a su modo de ver afronta la cuestión migratoria de una manera hipócrita e ineficaz. “Nos parece significativo que el Gobierno español se mueva por la Unión Europea jactándose de ser el país que con mayor eficacia gestiona sus fronteras exteriores mediante soluciones imaginativas cuando en casa nos estén hablando de situación de emergencia y flujos incontenibles”.

Ante esos argumentos, Arce responde que “no estamos viviendo una avalancha incontenible”, pero “las medidas absolutamente eficaces” adoptadas por el Gobierno de Rajoy llevan, a su modo de ver, a generar problemas como el que ahora se afronta en Archidona.

Fuente: Diario Público

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